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Tolera el gobierno peligrosas fuentes contaminantes

El doctor en desarrollo regional Lorenzo Manuel Bozada lleva años denunciando la grave contaminación que existe en el corredor urbano-industrial cuyo centro neurálgico son las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz. Ha divulgado en diversos medios el alto nivel de mercurio y otras peligrosas sustancias, como dioxinas y furanos, a que están expuestos quienes trabajan o viven cerca de complejos petroquímicos. Del mercurio, la doctora Lilia Albert afirma que, entre otros males, afecta negativamente los sistemas nervioso y cardiovascular, los riñones y, en el caso de las embarazadas, el desarrollo neurológico del feto, lo que afectará negativamente el futuro del individuo. El origen de esta peligrosa sustancia es el complejo petroquímico de Pajaritos, así como las plantas de cloro álcali, del poderoso grupo empresarial Cydsa.

Ni los gobiernos locales, ni el estatal (cuyo actual mandatario fue ya lanzado candidato presidencial para 2018), ni tampoco las instancias federales responsables de proteger el ambiente y la salud pública han hecho caso a las denuncias de Bozada, ni las de varias organizaciones nacionales e internacionales especializadas en este tipo de contaminantes. Como los funcionarios suelen escuchar sólo las denuncias que vienen de fuera, ahora se dicen dispuestas a tomar medidas para frenar el deterioro ambiental en el sur de Veracruz. ¿De veras? La prestigiosa revista cientifica The Journal of Enviromental Management publicó recientemente un estudio que demuestra lo que Bozada y otros investigadores han señalado desde hace casi medio siglo. Sus conclusiones las tienen las instancias oficiales encargadas de poner fin a la impunidad de las empresas petroquímicas. Silencio cómplice ha sido la respuesta.

El primero que encontró huellas de mercurio en la población y la fauna del sur de Veracruz fue el doc­tor Armando Báez. Luego, el doctor Alfonso Vásquez Botello, en estudios realizados por el Centro de Ecodesarrollo y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posteriormente lo hizo el doctor Alejandro Toledo Ocampo en su amplio trabajo sobre esa importante región. Fue entregado oportunamente a las instancias oficiales del medio ambiente y la salud. De nuevo, silencio cómplice de las autoridades.

El 21 de abril pasado se cumplió un año del accidente en la planta petroquímica de Pajaritos, en Coatzacoalcos. Murieron 13 trabajadores y más de 100 resultaron heridos. La explosión liberó dioxinas y furanos que pueden ocasionar cáncer y alteraciones hormonales. Ambas sustancias son muy peligrosas y persistentes. Bozada publicó los frutos de los estudios realizados en esa ciudad y otras vecinas como resultado del accidente. En todos destaca la presencia de dioxinas y furanos. Las autoridades prometieron investigar. El jueves pasado anunciaron la apertura del complejo petroquímico sin efectuar la remediación del sitio, exponiendo así a los obreros a laborar en un área altamente contaminada que puede afectar severamente su salud. ¿Quién autorizó tan irresponsablemente esa apertura?

El silencio gubernamental también cubre otro caso de afectación a la salud pública. Alfredo Valdez, corresponsal de La Jornada en Zacatecas, dio cuenta el 3 y 4 de junio pasados, de que casi las dos terceras partes de los niños que viven en el municipio de Vetagrande, cercano a dicha ciudad, tienen elevados niveles de metales pesados y plomo en la sangre, procedentes de la actividad minera. Detalló los problemas que esas sustancias ocasionan en el ser humano y los principales resultados de los trabajos hechos sobre el tema por centros de investigación. Grupos sociales y ambientales han denunciado la complicidad del sector público con las empresas mineras (extraen plomo, plata, oro, zinc y estaño) al no impedir que afecten con sus desechos tóxicos la salud de la población. Y también a la de lugares vecinos, como denuncia Teodoro Campos, ex diputado local y ex presidente de Vetagrande.

Dos ejemplos de negligencia criminal de empresas y sector público que contradicen la publicidad oficial sobre el cuidado de la salud pública y el ambiente.

Iván Restrepo La Jornada

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