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Rinde frutos el diálogo entre operadores del Sistema de Justicia para Adolescentes

Después de dos años de operación y funciones de la Policía Procesal en las audiencias que forman parte del Sistema Penal Acusatorio y Oral en la entidad, ésta se desempeñará también en las propias audiencias que se desarrollen en el sistema especializado en Justicia para Adolescentes.

En reunión de trabajo en la que participaron el Magistrado Santiago Altamirano  Escalante, titular de la Sala Unitaria del Poder Judicial en materia de justicia para adolescentes, la Consejera de la Judicatura Silvia Carolina Estrada Gamboa, el Director del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes, Didier Escalante Vega, así como el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámites de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guillermo Cupul Ramírez, y el comandante Eduardo Sánchez, director de la citada policía procesal, acordaron esta medida como parte de los resultados que se obtienen en los trabajos de las “Mesas de Análisis de los efectos de la operación del Sistema de Justicia para Adolescentes”, jornadas que se realizan en la sede del Tribunal Superior con la participación de todos los operadores, en las cuales se busca la mejora continua en la implementación de este sistema especializado.

Entre las funciones de la Policía Procesal están la de vigilar el orden interno en el desarrollo de las audiencias y el traslado de los imputados a la sala en la que éstas se realicen, poniéndose, en el transcurso de las mismas, a disposición de los juzgadores para asistirlos en la preservación del respeto entre las partes y vigilancia del adecuado comportamiento de los presentes durante la verificación de la audiencia.

Al final de estos acuerdos, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Marcos Alejandro Celis Quintal, se reunió con los integrantes de la mesa y agradeció la disposición y colaboración para fortalecer el Sistema de Justicia para Adolescentes, como parte de las políticas públicas en materia de seguridad e impartición de Justicia.

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