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“Retiro Forzoso de los Jueces: ¿Sólo por cumplir 65 años de edad?”

El proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea respecto de la Acción  de Inconstitucionalidad 128/2015 promovida[1] por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma en la que se demandó la invalidez  de artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala[2](resolución aprobada por unanimidad de los 8 Ministros que estuvieron presentes en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- acaecida el día 10 de este mes), fue defendido por el propio ponente de esta forma:

  “(…) Se precisa que el artículo impugnado realiza una distinción entre dos grupos: los jueces de primera instancia menores de sesenta y cinco años y los que hayan cumplido esta edad. Los primeros, sólo pueden ser removidos por faltas de probidad u honradez, mala conducta, negligencia en el desempeño en sus labores, condena mediante sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad, jubilación o renuncia, o por la aceptación de otro empleo de la Federación, Estados, municipios o particulares; mientras que los segundos podrán ser removidos del cargo, además por haber alcanzado la edad de sesenta y cinco años. Esta distinción se hace con base en una categoría protegida por el artículo 1° constitucional, como es la edad, por lo que el análisis de la disposición controvertida se realiza bajo un test estricto.

En relación con el nivel de escrutinio, el proyecto califica como infundado el argumento del Poder Ejecutivo local, en el sentido de que el criterio de edad no es una categoría sospechosa para los efectos de acceso a los cargos públicos, pues se trata de un criterio previsto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3]; en primer lugar, porque la edad como categoría sospechosa, está prevista en la Constitución, por lo que el precepto convencional sólo resulta relevante para el análisis de la finalidad de la medida y no para efectos de la intensidad del escrutinio y, en segundo lugar, porque el criterio de edad se toma como límite máximo para excluir a una persona de cierta actividad, lo cual resulta más problemático que para acceder al cargo, pues en este supuesto la distinción recae sobre personas que se encuentran en una etapa de la vida, en la que puede haber mayor vulnerabilidad y dificultad para acceder a los servicios básicos y de salud, lo que justifica la necesidad de desplegar un escrutinio estricto.

En el proyecto se establece que, del proyecto legislativo –de la norma en cuestión– se advierte que la edad de sesenta y cinco años se concibió como una causa de retiro forzoso; de ahí que la modificación al artículo 84 de la Constitución local haya consistido en añadir al final del párrafo la expresión “por incapacidad física o mental o por haber cumplido sesenta y cinco años”, sin que estas causas tengan vinculación sobre la instauración del procedimiento administrativo, por lo que el proyecto concluye que dichos supuestos constituyen causas adicionales de terminación del cargo y no supuestos de remoción. Si bien podría argumentarse que al margen del contenido del procedimiento, lo que efectivamente se plasmó en la norma impugnada fue una causa de remoción discrecional por parte del Consejo de la Judicatura local; lo cierto es que el precepto impugnado admite una interpretación conforme con la Constitución, si se lee en el sentido de que la expresión “podrán ser removidos”, no establece una facultad discrecional del Consejo de la Judicatura en relación con el supuesto de alcanzar la edad de sesenta y cinco años ni le es aplicable la medida relativa a la instauración del procedimiento de responsabilidades. En consecuencia, el proyecto estima que la norma cumple con el requisito de adecuación estrecha,siempre y cuando se interprete en el sentido de que establece el retiro forzoso de los jueces de primera instancia a los sesenta y cinco años por ministerio de ley.

Por último, con las argumentaciones del proyecto, se establece también que estamos en presencia de la medida menos restrictiva y, por ello, el proyecto reconoce la validez del artículo 84, párrafo último, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por no ser una restricción desproporcionada al derecho de igualdad y no discriminación ni vulnerar la libertad del trabajo. Hasta aquí un resumen de la presentación. Gracias señor Ministro Presidente (…)” (Énfasis propio).

El ministro en funciones de presidente (José Ramón Cossío Díaz)  dijo al respecto:

“(…) En lo que alguien hace uso de la palabra, –como decía la señora Ministra Luna– tenemos un precedente que fue la controversia constitucional 32/2007, en aquella –ya me tocó votar como Ministro– no utilizamos el test de igualdad para efectos de la resolución del caso, entramos bajo la idea de que la manera de terminación constituye una regla general para la terminación del ejercicio del cargo en una posición más bien orgánica. Entonces, coincidiendo con el resultado final del proyecto aplicaría lo que voté en la controversia constitucional 32/2007, y eso lo expresaría en un voto concurrente, simplemente para dejarlo en claro (…)”.

De tal controversia, para el presente caso, destaca la tesis: P./J. 110/2009 (Votada por unanimidad de 11 votos), de rubro: “MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL QUE PREVÉ LA EDAD MÁXIMA PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, NO AFECTA EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD JUDICIAL.”

Lo resuelto por el Máximo Tribunal no deja de ser confuso (o no del todo claro, como se le quiera ver), ya que el proyecto en cuestión no se encuentra en el apartado de consulta de expedientes de la página de internet de aquel ente judicial[4]; así, no puede colegirse, con cabal precisión, si la “interpretación conforme” a la que alude el ponente obliga o no a interpretar pro juez  que su retiro forzoso debe entenderse con la salvedad de que a la par se geste la “incapacidad física o mental” a que alude el citado arábigo 84. Es decir, como una “doble o compuesta causal de retiro”, en vez de reparar, exclusivamente, en la edad biológica del que se pretenda “retirar” del cargo judicial (como causal “singular”).

No obstante tal omisión de datos, de lo expuesto por Zaldívar Lelo de Larrea en dicha sesión permite adelantar que el lapso de 65 años debe entenderse como el techo cronológico que los jueces tienen (en Tlaxcala) para desempeñarse como tales, mismo que es fijado, no por acto fundado y motivado del Consejo de la Judicatura correspondiente, sino por mandato o ministerio de ley, siendo así innecesario el iniciar procedimiento administrativo alguno para convalidar la extinción de tal ejercicio judicial. Luego, la interpretación conforme a que alude el letrado se abocaría a que la edad de 65 años puede permitirle a los juzgadores el continuar en el cargo sin responsabilidad alguna, eso sí, siempre y cuando el consejo u órgano administrativo ad hoc, (y en el caso de Tlaxcala  tomando en cuenta la opinión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad), no le indique que se le aplicará el retiro forzoso mediante la satisfacción de los derechos de seguridad social pertinentes. Al respecto, es aplicable por analogía la tesis aisladaXXI.1o.P.A.95 A del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, derubro RETIRO FORZOSO DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. EL DICTAMEN RELATIVO DEL PLENO DEL PROPIO ÓRGANO NO VIOLA LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CARGO.”

Así, es que destaca que el propio Canal Judicial del Poder Judicial de la Federación erró en equiparar la remoción con el retiro forzoso de los jueces (como el que se votó por el Pleno).[5] Al respecto, destaca la tesis aisladaXXI.1o.P.A.96 A del Tribunal Colegiado antes aludido, de título:  “REMOCIÓN Y RETIRO FORZOSO DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. SUS NOTAS DISTINTIVAS.” Nótese:

“(…) En ese tenor, si bien es cierto que ambas situaciones jurídicas cesan el derecho o garantía a la estabilidad, no menos lo es que tienen rasgos particulares que las distinguen y provocan, a su vez, diversas consecuencias, a saber: 1. La remoción de un Magistrado obedece a una causa o motivo que le es imputable; el retiro forzoso no; 2. La remoción es una medida de carácter disciplinario (sanción), en tanto que el retiro forzoso es un derecho o prerrogativa en favor de los funcionarios que han prestado sus servicios al Estado de manera continua y eficiente; 3. En la remoción los Magistrados pierden el carácter de servidores públicos, lo cual no acontece en el retiro forzoso, pues al configurarse éste, conservan esa calidad en el aspecto pasivo; y, 4. En la remoción es posible que los funcionarios aduzcan violaciones al derecho de estabilidad, toda vez que puede acontecer que las causas por las cuales se les pretenda privar del beneficio de mérito no se encuentren apegadas a la ley; sin embargo, cuando aquéllos se encuentran en situación de retiro forzoso, no es posible alegar dicha transgresión, porque es exigible únicamente durante el periodo de actividad.”

            

Conclusión: La Suprema Corte de Justicia de la Nación va solidificando los límites a la carrera judicial, y con ello al derecho a desempeñar los puestos públicos de los funcionarios judiciales. Sobre el retiro forzoso de los mismos su Segunda Sala, desde hace más de un año, emitió la siguiente jurisprudencia que corrobora lo anterior: “SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL RETIRO FORZOSO DE JUECES Y MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS POR HABER CUMPLIDO LA EDAD LÍMITE ESTABLECIDA EN LA LEY CORRESPONDIENTE PARA PERMANECER EN EL CARGO.”[6]

Es importante considerar que tales limitaciones no pueden (o no deberían) trastocar los fines de la carrera judicial, tales como la inamovilidad de los juzgadores que ya hubieran sido ratificados para ejercer un determinado período, máxime si al momento en que aquellos iniciaron el desempeño judicial no existía el límite cronológico que actualizara su retiro forzoso. Luego, a fin de no conculcarles sus garantías de no retroactividad; de retribución adecuada; su mínimo vital, entre otros derechos, debe estarse a lo dicho en las jurisprudencias del Pleno de la SCJN de los títulos consiguientes: “PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON QUE DEBEN CONTAR PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA (P./J. 15/2006)”; “CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ACTUACIÓN DEBE RESPETAR LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.” (P./J. 115/2009)”; “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. (P./J. 123/2001)”; INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN SU CARGO SINO, PRINCIPALMENTE, UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS” (P./J. 106/2000)”; PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.” (P./J. 107/2000); “PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (P./J. 101/2000)”, así como esta de su Primera Sala: GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE.(1a./J. 50/2003)”.[7]     

Así mismo, no hay que olvidar que varios de dichos criterios defienden el retiro forzoso de los magistrados bajo el argumento de que gozarán de un debido gozo laboral mediante el pago de prestaciones, entre otras, como su haber de retiro, tal y como es común en México para sus pares en otras entidades, incluso de los propios ministros del Alto Tribunal[8]. Así mismo, destaca que no en todas las entidades del país existe un límite cronológico para que se actualice el retiro forzoso de los magistrados; misma inexistencia que es propio del cargo de ministro de la SCJN.[9]

He ahí lo peligroso de aplicar a raja tabla la edad biológica 65 años (convalidada en la acción de inconstitucionalidad en comento), o bien de 70[10] o 75 años que se establecen en otras legislaciones del país, para topar la vida profesional, y con ellos sus beneficios inherentes, de los jueces de primera instancia en nuestro país. Esto porque es verdad sabida que sus pensiones jubilatorias distan mucho de ser equivalentes o similares a los ingresos que por su trabajo desempeñaban estando activos; extremo que, si bien pudiera justificarse ante la falta de recursos públicos aducidos por las autoridades administrativas, es desproporcional e inequitativo en relación a la carga de trabajo que a los mismos se las ha endilgado en los últimos tiempos, sobre todo al implementarse las reformas constitucionales de derechos humanos y de la oralidad de los procesos.

P.D. Feliz Día del Abogado.

Francisco José Parra Lara

Mérida, Yucatán, México

12/VII/2017

 

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