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¿Quién protege a Lozoya?

 

Emilio Lozoya, el director de Pemex durante la primera parte del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha convertido en las últimas semanas en una figura estelar en el escenario de la corrupción mexicana. La investigación global sobre los sobornos en 11 naciones realizados por el gigante brasileño Odebrecht colocó a su administración en el centro de la corrupción y el foco de las pesquisas que lleva a cabo la PGR, donde ha llamado a declarar a más de una veintena de funcionarios y ex funcionarios, varios de ellos muy vinculados a él. Lozoya sostiene su total inocencia en ese y otros casos de corrupción en la empresa que dirigió.

El tema de Lozoya y su paso por Pemex es un hoyo negro. La información que ha emergido sobre actos de corrupción y su abrupta salida de la dirección de Pemex en febrero del año pasado, sigue siendo parcial. Se ha responsabilizado de su salida al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien en al menos dos ocasiones le pidió al Presidente Enrique Peña Nieto que lo cesara por la desorganización administrativa en Pemex y presuntos actos de corrupción. Siempre fue atajado. Incluso en la última conversación que sostuvieron ambos sobre él en diciembre de 2015, Peña Nieto le dijo que no le volviera a tocar el tema.

La salida de Lozoya se dio poco después de que el Presidente realizó una visita oficial a Arabia Saudita, promovida por Lozoya en contra de la recomendación de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por el conflicto que tenía esa nación con el gobierno de Barack Obama. Peña Nieto desoyó a la canciller, como soslayó las peticiones de Videgaray. El entonces director de Pemex tenía una relación excepcional con el Presidente, a quien veía en acuerdo cuando deseaba, sin necesidad de tener que pasar por los canales formales e informales en Los Pinos como prácticamente todo el gabinete tenía que utilizar para hablar con él.

El cese de Lozoya no fue explicado, aunque por el discurso del Presidente al dar posesión a José Antonio González Anaya, obedeció a la necesidad de darle mayor eficiencia y rentabilidad, que era uno de los argumentos de Videgaray contra el ex director. Pero Lozoya no iba a ser enviado a la nada. Finalmente no fue posible promoverlo como embajador en el Reino Unido por los datos sobre presuntos actos de corrupción en Pemex, ni tampoco le permitieron al líder del PRI, Enrique Ochoa, incorporarlo al Comité Ejecutivo Nacional. El ex director de Pemex apesta, pero no lo suficiente como para que rinda cuentas ante el ministerio público por los actos de corrupción que se investigan durante su administración en la empresa.

Lozoya no está tranquilo, pero no se oculta. No habla mucho fuera de defenderse de imputaciones directas a él. Insiste en su inocencia, pero no abunda en las explicaciones que pudieran aclarar el cochinero que se dio durante su gestión. ¿Estará cubriendo Lozoya a otros funcionarios? ¿Estará pagando costos que no le pertenecen? Este tipo de preguntas se han venido haciendo de manera cada vez más constante por el blindaje jurídico que tiene el ex director de Pemex, y que no se ve en la opinión pública. Un caso ilustrativo es la compra de dos aviones de lujo en 2014 a través de una operación de compra-venta triangulada con un intermediario con sede en Panamá.

Pemex pagó 71.3 millones de dólares por dos aeronaves para transporte de personal cuya información, hasta la fecha, se mantiene bajo reserva en México. Se trata de un Cessna Citation Sovereign 680, modelo 2009, por el que pagó 15.5 millones de dólares, y un Gulfstream Aerospace G-550, fabricado en 2010, por un precio de 55.8 millones de dólares. Lo notable es que se adquirieron por casi el doble de su valor comercial. La existencia de esos aviones había sido denunciada por el PAN el año pasado, que pedía detalles sobre su mantenimiento, pero no se conocía del precio de la compra.

Los detalles surgieron de manera indirecta durante un juicio en la Corte Sur de Florida, en Miami, donde la empresa Matrix Aviation Inc. demandó a Pemex y a la compañía SYM Technologies Ltd, que sirvió de intermediaria de la operación, de formar parte de una conspiración civil para afectar económicamente a la propietaria de las aeronaves y por incumplir con el pago total de una comisión que habían acordado en 9.7 millones de dólares, de los que quedaron por cubrir 1.7 millones, de acuerdo con una investigación publicada en Eje Central.

En esa demanda civil de más de 250 páginas que obtuvo Eje Central aparece como figura central de la operación el brigadier general Eduardo León Trauwitz, gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, a quien se dirigió la propuesta. León Trauwitz fue encargado de la seguridad del presidente electo y ex gobernador del Estado de México, Peña Nieto, y es uno de los leales al inquilino de Los Pinos más favorecidos con cargos estratégicos.

La versión oficial sobre el uso de los aviones de lujo es que serían utilizados para vigilar la ordeña de ductos, que durante el periodo de León Trauwitz se incrementó en 30 por ciento. ¿Qué está pasando escondido ante los ojos públicos? El brigadier general está siendo investigado desde principios de este año, como consecuencia de distintas auditorías practicadas a su área y tras la revisión de los contratos por la compra de equipo en materia de seguridad física de Pemex. Lozoya, sigue protegido. Todo esto durará hasta que, como sucederá irremediablemente, el hilo se rompa por lo más delgado. Lo único incierto es dónde está ese hilo.

Raymundo Riva Palacio

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