En los días recientes, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, anunció en diversas entrevistas la construcción del “Canal de Panamá mexicano”, que buscará conectar los océanos Pacífico y Atlántico.

A dos medios dio detalles y el tiempo en el que prevé tenerlo listo, pero no habló de la consulta indígena previa que por ley debe realizarse. De inmediato, habitantes del Istmo de Tehuantepec reclamaron que desde el inicio del proyecto ya se violenten sus derechos.

El Universal tituló dicha entrevista con la frase dicha por Murat: “Va Oaxaca por su propio ‘canal de Panamá’”.  Luego para The Huffington Post aseguró que ese canal será su principal proyecto; que ya cuenta con 400 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y se planea una licitación para un tren rápido. Aseguró que se trata de una inversión de parte del gobierno chino y de la empresa China Railway, quien fue la encargada por unos momentos del extinto proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.

Para Murat todo está listo para poner en marcha las obras de infraestructura.

Esta es la primera información que hay del proyecto. La SCT en su página de Internet no ha publicado algo al respecto ni tampoco de la inversión de 400 millones de pesos a la que se refirió Murat.

Pero para los pueblos del Istmo de Tehuantepec, esta manera de anunciar las obras no es nueva y por lo tanto enciende alarmas. En entrevista con SinEmbargo, Eleazar Ortiz Ramírez, dirigente de la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), criticó el sorpresivo anuncio y la detallada descripción cuando en las comunidades no se ha comentado el proyecto en lo absoluto.

El proceso de consulta, incluido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Pueblos Indígenas, incluye diferentes etapas: la primera son una serie de acuerdos preliminares, luego una etapa informativa y finalmente una etapa deliberativa que da paso a la etapa consultiva.

De acuerdo con ese documento, la potencia de la consulta reside en que es un instrumento a través del cual los pueblos interesados pueden participar libremente en un diálogo con el Estado, exponer sus puntos de vista e influir en las decisiones. Al final es el Estado quien toma la decisión, pero debe salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

“Parece que el gobierno de Murat no sabe lo que es hacer un proyecto en tierras de comunidades indígenas. Si no consulta es muy difícil que pase su plan. Esperemos que el gobierno haga la consulta y no mande represión, como también acostumbra. Ya tenemos ejemplos aquí y en otros lados a los que llegan a reprimir a los pueblos cuando quieren imponerse”, comentó Ortiz Ramírez.

Al respecto, Flavio Sosa Villavicencio, integrante de la organización Comuna Oaxaca, señaló que la “vialidad interoceánica” que anunció el actual Gobernador, no corresponde con las urgencias de la entidad, “la crisis de gobernabilidad y autoritarismo que estalló en 2006 no han tenido salida. El gobierno anterior, el de Gabino Cué, debió ofrecer salidas a los problemas. Pero no ocurrió. Dejó la crisis de credibilidad de las instituciones y la crisis económica que obliga a los oaxaqueños a que se vayan a trabajar como esclavos a pesar del desarrollo que aquí tanto se presume”.

El proyecto comprenderá los 300 kilómetros que hay entre Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz Oaxaca. Se buscará rehabilitar los libramientos de Matías Romero y Salina Cruz para estar a solo cuatro horas de puerto a puerto por vía terrestre.

De acuerdo con lo que dijo Murat a El Universal, se trabajará en la licitación de un tren rápido para añadirlo al cruce. Con todo eso estaría generando el corredor industrial “más importante del mundo” porque se tendrá entrada por aire, mar y tierra.

Aseguró que ya se realizan ajustes de tierra para que en su gobierno se pueda llegar a Veracruz en cuatro horas.

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EL DAÑO A LAS COMUNIDADES

Sosa Villavicencio enumeró varias implicaciones, como que no se ha tomado en cuenta a 16 pueblos indígenas y afromexicanos que habitan en varias zonas del Istmo de Tehuantepec, que además es una zona de gran riqueza en cuanto a biodiversidad.

Es también un lugar donde las tierras son de propiedad social y comunal; es rica en minerales, está la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, que se ha convertido “en una bomba de tiempo”, por los accidentes que se han registrado en los últimos meses y está el conflicto con los parques eólicos, que han puesto a los pueblos de la Barra de Santa Teresa en alerta y en conflicto permanente con autoridades y empresas que quieren instalar ahí parques por la calidad del aire que es única en el mundo.

“Se gobierna con absoluta frivolidad, se actúa con mucha ligereza al decir que se echará andar ese proyecto, cuando un gobierno democrático lo primero que debe hacer es dialogar con los pueblos y comunidades, debe revisar la legislación internacional al respecto y ahí está el Convenio 169 de la OIT para pueblos es específico y es la ley máxima porque fue aprobada por el Senado. Eso se ignora y se echa a andar cuando la realidad es la que dice que atiendas la crisis política y económica que se viene arrastrando por años”, añadió Sosa.

Está el caso de las comunidades de San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, que son los dos únicos accesos a la Barra Santa Teresa, uno de los principales objetivos de Mareña Renovable, la empresa de parques eólicos. Si una de las dos zonas cede el territorio, la maquinaria entrará sin dificultad alguna.

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Ante la situación que la región vive, San Dionisio del Mar es una localidad que se declaró autónoma y desconoce a toda figura política hasta que no se entable un diálogo y una consulta referente a la construcción de parques eólicos.

Los activistas coincidieron en que la gente del Istmo no se opone porque sí a los proyectos, sino que buscan que éstos respeten el medio ambiente, que haya beneficios reales y que sobre todo se respeten sus usos y costumbres, esto porque la población de esa región está fracturada a causa de los proyectos y de consultas indígenas que o no se realizan o no se llevan de la mejor manera.

Está el ejemplo de la minera en Valles Centrales. La pugna, contó Sosa, ha provocado que el pueblo esté dividido, que haya niños anti minas y niños a favor de las minas, y hay una secuela de violencia de encarcelados, de presos y de muertos, mientras la minera extrae oro y minerales.

Ocurrió lo mismo con los parques eólicos. Bettina Cruz, vocera de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, ha señalado en diferentes ocasiones que tras la entrada de esos proyectos, la unión que gozaba Juchitán se rompió y las familias comenzaron a pelar unas con otras.

“Parece que se no se entiende que la consulta indígena es una obligación. Yo como campesino tengo mis terrenos y por ahí van a pasar carreteras, por lo menos tienen que preguntarme si estoy o no de acuerdo. Si lo estoy, entonces quiero que me paguen lo que cuesta mi terreno, porque ahí es otro problema porque dan lo que quieren a los campesinos y como ellos no pueden alzar la voz, se quedan con poco. Por eso es necesario que la gente del Istmo esté organizada en un solo frente y que pidan al gobierno la consulta para decir sí o no. Sólo así puede arrancar el proyecto, pero no pueden imponerle una obra de ese tamaño a la gente”, concluyó Ortiz Ramírez.