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Jacinta, Alberta y Teresa las que se chingaron al Estado

“HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE”: ESTELA HERNÁNDEZ, ÑÄHÑÚ, A LA PGR

“El acto de disculpa fue algo medio raro. Uno le habla a los jefes y parece que oyen pero se les sale por el otro lado. No creo que sea tan fácil que lo entiendan. Donde quiera, a donde vamos, siempre nos discriminan como indígenas. No es suficiente la disculpa, con eso no se borra lo que hicieron”, dice el padre de Alberta, una de las tres ñähñú encarceladas injustamente durante tres años y a las que, once años después, el Estado se vio forzado a pedirles perdón públicamente. El famoso “usted disculpe”, pero en la voz oficial del procurador general de la República, Raúl Cervantes.

“Este acto es de puras mentiras, no vamos a ver más que los puros cuentos que nos hacen”, resume un padre risueño, medio divertido por la ceremonia protocolaria que acaba de presenciar en el auditorio del Museo Nacional de Antropología e Historia. El abuelo de Alberta y de Teresa, Cristóbal Julián Sabino, también es contundente, describe en sencillas palabras algo del calvario que pasaron los familiares durante el injusto encierro: “Estuvieron mucho tiempo ahí en la cárcel. Ese tiempo la padecimos muy mal porque no tuvimos con qué ir a visitar, no teníamos ningún dinero, tenemos puros animalitos y todo se nos fue. El trabajo, la casa, ya no tenemos para vivir. Eso es todo”, termina.

El acto del 21 de febrero tiene varias pistas. Están los funcionarios de traje y corbata que llegaron a tomarse la foto y a intentar sacar provecho; está el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, acompañante de todo el proceso y parte medular de esta victoria; está la prensa y están, en primer lugar, Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y la comunidad Santiago Mexquititlán a la que pertenecen, lo que le da sentido a todo. El procurador es obligado a ser traducido al ñähñú y con esto queda claro lo que el Estado mexicano niega: la multiculturalidad de este país, su origen y la vida de más de 60 pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas con sus lenguas y territorios, que no son parte del museo que alberga la ocasión.

“En la vida no hay borrón y cuenta nueva”, dice bien Mario Patrón, director del Pro, quien destaca que luego de su liberación, y a la par que luchaban por el reconocimiento de su inocencia, continuaron con sus vidas. Jacinta y su esposo Memo hacen y venden nieves en el mercado y en la paletería, mientras Teresa y Alberta producen jitomate en sus invernaderos y bordan muñecas artesanales. La vida no se detuvo, y nadie les hubiera reprochado que después del infierno carcelario hubieran preferido la paz de su vida comunitaria. Pero no hubo tregua. Ni la habrá, pues, como dice Jacinta: “sólo estaré contenta cuando deje de haber injusticias”.

Entrevistada por Ojarasca al final del evento, Jacinta resume su sentir en castellano, una segunda lengua que aprendió de sus compañeras de presidio: “Me siento como que bien, pero una no sabe si está bien o si está mal. Sólo estaría contenta si viera que se cambia todo lo que hay, así estaríamos bien, pero pues no es así”.

 

 

Jacinta, Alberta y Teresa fueron acusadas de secuestrar, ellas solitas, a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante un conflicto suscitado en el mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, el 26 de marzo de 2006. Ese día los agentes despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de piratería. Cinco meses después fueron por ellas con engaños y las encarcelaron acusadas de secuestro. Dos años más tarde recibieron la condena: 21 años de prisión y 2 mil días de multa. A Alberta también la sentenciaron por posesión de droga. Tres años pasaron para que las excarcelaran, primero a Jacinta y luego a Teresa y a Alberta, y a partir de ahí la lucha fue por el reconocimiento de su inocencia.

Toca a Estela Hernández, hija de Jacinta, el discurso político que desmantela cierta comodidad del procurador de justicia y del resto de los funcionarios. Alta, fuerte, contundente y directa es la palabra de la maestra y luchadora, quien califica de ¨mediocres e ineptos” a los enviados a pedir el perdón. Ellos dice, son “los que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente, la evidenciaron en los diarios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal que no alcanzaba fianza, la investigaron los mismos policías demandantes, la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor”.

El rostro del procurador Raúl Cervantes se va desencajando mientras el acto se convierte en el espacio del reclamo nacional por la justicia y contra la impunidad: Ayotzinapa, Nochixtlán, Atenco, Ostula y Tlatlaya son algunos de los nombres que se gritan desde las gradas. Y Estela no quita el dedo acusatorio: “Este largo proceso de desgaste económico, emocional, físico y psicológico dejó una gran experiencia de la realidad. Hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están los delincuentes, están los pobres que no tienen dinero, los indefensos de conocimiento, los que los poderosos someten a su voluntad. Los delincuentes de mayor poder, de cuello blanco, no pisan la cárcel. No conocimos en Querétaro a ningún rico que estuviera en la cárcel”.

La comunidad de Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil, Querétaro, sigue atenta todo el acto. Mujeres, hombres, ancianos y niños que acaban de entonar el himno nacional en hñähñú escuchan las palabras oficiales del perdón: “la PGR violó el principio de presunción de inocencia e hizo mal su trabajo por lo que era hora de reparar el daño moral causado por un delito indebidamente imputado”. Hay aplausos, pero prevalecen los gritos y la indignación. Nadie está satisfecho y la evidencia de lo que les hicieron a las tres queda como prueba de un comportamiento generalizado.

El procurador Cervantes trata de lucirse pero la circunstancia no se lo permite. La PGR está ahí a fuerzas. En mayo de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló a favor de la demanda de resarcimiento moral y material, pero hicieron todo lo posible porque no se llegara a este acto. “Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena, no es motivo de vergüenza. Vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como hermanos”, remata Estela. Y además, dice, los “verdaderos secuestradores”, los agentes que las culparon y luego las encarcelaron, están libres.

“¿Qué hay hoy de estos funcionarios públicos, agentes federales y del ministerio público, jueces y los cómplices de los policías demandantes? Espero equivocarme, pero seguramente siguen trabajando y cobrando de nuestros impuestos, siguen siendo nuestros empleados, a pesar de demostrar con este caso su ineficiencia e impunidad”, espetó la hija de Jacinta y, de frente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reclama que “dos años estuvieron callados a pesar de saber del caso y de decirnos que no se podía hacer nada porque era un delito muy grave… pónganse a trabajar de verdad, no sólo den recomendaciones cuando ya otras instituciones no gubernamentales las hacen por ustedes. Les pido que no sean títeres ni sólo sirvan para acarrear gente para ver a un gobernador o un político, que hoy es lo que hacen”.

“Hasta que la dignidad se haga costumbre”, demanda Estela. Pero hoy, por lo menos, “nos chingamos al Estado”

Suplemento  Hojarasca  Gloria Muñoz Ramírez |   La Jornada

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