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Inicia SCJN discusión sobre artículos del Sistema Nacional Anticorrupción

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión de diversos artículos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción; de entrada, los ministros dejaron en claro que si bien, las declaraciones patrimoniales y de interés de los funcionarios públicos deben ser públicas, debe prevalecer la protección de datos personales y la seguridad de los servidores públicos, por encima del principio de máxima publicidad.

Al iniciar la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentaron diputados de minoría de la Cámara de Diputados en contra de diversos artículos de la Ley general de responsabilidades administrativas, así como del artículo tercero transitorio párrafo sexto, del Decreto de expedición del SNA y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los ministros abordan por primera vez temas centrales que tienen que ver con las normas que pretenden “consolidar una confianza social respecto de las autoridades” encargadas de combatir la corrupción.

Los ministros coincidieron en términos generales en la validez del artículo 29 de la Ley general de responsabilidades administrativas que si bien señala que la información debe ser pública, la propia constitución establece una salvaguarda respecto a la vida privada y datos personales de los servidores públicos, además de la preservación de su seguridad personal.

Javier Laynez Potisek apuntó que la información que debe ser pública, siempre y cuando no afecte la vida o integridad del servidor, o sea dato personal que la identifique directamente o la haga identificable, además de que no sea necesaria para el seguimiento de su incremento o modificación patrimonial en relación a lo que percibe como salario.

Puso como ejemplo de datos personales que no deben ser públicos; direcciones, teléfonos, números de cuenta, nombres de ascendientes, descendientes o cónyuge.

Al igual que varios de sus compañeros, Laynez añadió que en todo caso, no le corresponde a la Corte señalar los lineamientos sobre qué debe ser público o privado, sino que eso es competencia de quienes elaboran las leyes.

En la sesión de este lunes, las opiniones se dividieron respecto a cuál debe ser la entidad encargada de realizar los formatos de declaración patrimonial y declaración de intereses de los servidores públicos.

La demanda señala que es inconstitucional la facultad que concede la norma impugnada al Comité Coordinador del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la emisión de formatos para la realización de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos.

Unos ministros señalaron que esa atribución debe estar establecida en la Ley General respectiva, por lo que adelantaron su voto en contra del proyecto elaborado por José Ramón Cossío, quien propone validar la norma impugnada.

La Jornada

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