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“Inconstitucional selección en las preparatorias de la UADY”

 

De nuevo surge un escándalo en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). El actual motivo de inconformidad social, según diversas notas informativas, radica en que muchos padres de familia reclaman que sus hijos, a pesar de haber sacado un puntaje alto en los exámenes de admisión para ingresar a las tres escuelas preparatorias de tal casa de estudios, fueron rechazados, quedándose, obviamente, sin el derecho a cursar en alguna de ellas el nivel medio superior.

La esencia del reclamo, se dice, fue el estudio socioeconómico o “Encuesta Socioeconómica” que, al parecer, representó el “50 % de calificación final” (Fuente consultada: “Protestan por el ingreso a la Uady”, publicado por http://yucatan.com.mx/merida/protestan-ingreso-la-uady).   A fin de ser lo más claro y sintético posible, se comenta lo siguiente:

1.- El primer párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)preceptúa que la educación a nivel bachillerato (como la de las preparatorias), es decir la conocida como “educación media superior”,  es obligatoria, como lo son también la preescolar, la primaria, y la educación secundaria. En su segundo párrafo el propio ordinal dice que la educación que imparta el Estado (del que forma parte la UADY) tendrá entre, otras finalidades, el respeto a los derechos humanos. Recordando al célebre jurista Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  se considera que en este último apartado radica la esencia de la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos, acaecida hace ya poco más de seis años.

2.- Enfocándonos en el tema de derechos humanos, concretamente en el fundamental de la educación, en especial en el acceso a la catalogada como obligatoria, ¿qué aspectos del caso bajo análisis atentarían en contra del mismo? Del estudio, más somero que profuso hecho por el suscrito, se opina:

  • La fracción II del precitado cardinal 3o. señala que el Estado se orientará (obligará) a que la educación que imparta tenga, no solo resultados científicos, sino que expresamente ordena que debe luchar contra la ignorancia, las servidumbres, fanatismos, y los perjuicios. Por ende, el que no se le dé el suficiente peso como criterio de decisión a la calificación obtenida por los aspirantes a ingresar a las preparatorias, pugna, al menos prima facie, con lo mandatado en dicha fracción.
  • En un tenor similar, si por  tener un supuesto nivel de vida superior al mínimo, bajo el criterio de la UADY, resulta ser en los hechos el dato decisivo para ingresar a sus escuelas, evidenciaría un acto de discriminación atípica dado que se le negaría el acceso a un derecho fundamental a niños y niñas (la edad promedio de tales aspirantes sería la de quince años) por ser gente “de mayores recursos socioeconómicos”. Razonamiento que, lejos de ser un argumento, se traduciría en las falacias ad populum, y ad lazarum, es decir, en la apelación a la creencia demagógica de que a los pobres debe, siempre, dársele preferencia sobre los que se consideran que no lo son. Esto, además de trastocar el artículo 3o. Constitucional, también afecta el acceso pleno a la educación a que se refiere el párrafo noveno del ordinal 4o. de la propia CPEUM.
  • Más aún: Ni la Ley Orgánica de la UADY, ni su Estatuto General, ni su Reglamento de Inscripciones y Exámenes si quiera mencionan la figura de estudio socioeconómico o “Encuesta Socioeconómica”, tal como debería ser ya que, al equipararse aquellas a las autoridades administrativas, todo aspecto que incida en el acceso o, bien en la negativa de accederse a la consecución de los derechos humanos, y que a la UADY le corresponda otorgar o negar, debe estar perfecta y previamente delimitado en su marco normativo, sobretodo en su ley orgánica, la cual es producto del control democrático materializado por la obra del Poder Legislativo yucateco.
  • Aunado a lo anterior, al parecer tales normas universitarias tampoco contemplan, con la precisión debida, el proceso, medio de defensa o recurso, ni la autoridad que habría de sustanciar todas las inconformidades derivadas de la falta de admisión de dichos aspirantes. Esto sería una violación directa tanto del debido proceso como de la garantía de audiencia de los antes mencionados, ya que no solo desconocen las bases y forma en que se efectuaron tales estudios socioeconómicos, sino que no se establece forma alguna de impugnarlos, lo que en derecho procesal se llama Principio de Contradicción.
  1. Si por afectarse de manera directa a los derechos de los menores de edad, y por extensión los de sus padres o representantes legales, tutelados en la CPEUM, bastaría para activar la vía del amparo indirecto en su defensa (Véanse las tesis 2a./J. 12/2002[1]; P. IX/2016 (10a.)[2]; P. CXXXIII/2000[3]; 2a. CXV/99[4]; I.3o.C.38 K (10a.)[5]y, en especial, ésta aplicada por analogía: VIII.1o.P.A.1 K (10a.), de rubro “INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO MENOR DE EDAD CUANDO RECLAMA QUE LO PRIVARON DE CONTINUAR CON SU EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMARIA), SIN QUE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE (AUTORIDAD RESPONSABLE) LE EXPRESARA LAS RAZONES Y LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES OBSTACULIZÓ EL EJERCICIO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.”)refuerza la vía de tal proceso constitucional autónomo lo derivado en las siguientes normas pro niñez:

Convención (universal) sobre los Derechos del Niño: La preponderancia del “estudio o encuesta socioecómica”, trastoca sus artículos 2; 4; y, en especial, los consiguientes: Artículo 24.  1. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (…) e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos. Artículo 28. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: (…) c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados (…)”.  Como se observa, la norma internacional alude que la capacidad (que en este sentido debe entenderse como intelectual), y no la falta de recursos económicos, es la directriz que debe dar preponderancia al acceso a la educación pública a quien lo merezca por el mérito de su estudio.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de acatamiento obligatorio para la UADY y  la sociedad de Yucatán en general, establece en su artículo 36 que las “niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”  El correlativo artículo 37 fija la obligación de garantizar la igualdad sustantiva, sin discriminar ni excluir a menor de edad alguno del derecho a la educación. En este tenor, el ordinal 57 exige que se destinen recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes (fracción V), mientras que en su fracción XVI indica que los entes públicos, como la UADY, deben “Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares”.

 Conclusión: Para los padres de los no admitidos a las preparatorias de la UADY, o para los educandos mismos, que aleguen como base de su reclamo la “discriminación atípica” antes descrita, parece muy clara la vía del amparo indirecto para reclamar el efectivo y oportuno respeto a su derecho fundamental a la educación de calidad. Incluso, a través de la suspensión del o de los actos reclamados, los jueces federales pueden ordenar a la UADY que dispongan de las medidas  pertinentes a efecto de que los quejosos (estudiantes rechazados) no se queden sin estudiar mientras se resuelven en definitiva los amparos. Dada la contundencia de la normativa supra inscrita, la sola alusión de la falta de recursos económicos no debe ser excusa para no permitirle acceder a la educación obligatoria a tales menores de edad, e incluso, a quienes habiendo cumplido los dieciocho años hayan alcanzado un puntaje alto en los exámenes de admisión.

De manera paralela, bien haría el Congreso del Estado en solicitar a la UADY que informe de los pormenores, razones y fundamentos del rechazo que tanta molestia social ha causado. He aquí, entonces, que uno se pregunta: ¿Y dónde está el rector?

Francisco José Parra Lara

Mérida, Yucatán, México

16/VI/2017

 


[1] UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.

[2] NORMAS DISCRIMINATORIAS. PARA DEFINIR SI LO SON, ES IRRELEVANTE DETERMINAR SI HUBO O NO INTENCIÓN DEL LEGISLADOR DE DISCRIMINAR.

[3] IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA

[4] FACULTAD REGLAMENTARIA. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE REFIERAN A SU INFRACCIÓN, DEBEN ESTABLECER UNA CONTRARIEDAD O EXCESO DE LOS MANDATOS LEGALES POR LA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA, COMO CONDICIÓN PARA REVELAR UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

[5] PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU CONFIGURACIÓN A PARTIR DE LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

 

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