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#Gobierno espía: denuncia y respuesta

El lunes de esta semana cuatro organizaciones sociales —Citizen Lab, Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC— dieron a conocer el informe “Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México” y crearon el #GobiernoEspía; ese mismo día, el diario estadunidense The New York Times publicó un reportaje basado en ese informe. Según ambos documentos, el gobierno mexicano gastó alrededor de 80 millones de dólares para adquirir el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, y a través de él habría tratado de intervenir, de manera ilegal, los teléfonos móviles de periodistas y defensores de derechos humanos.

‘Software’ espía

De esos documentos es obligatorio leer el informe (https://articulo19.org/wp­content/uploads/2017/06/ReporteGobierno­Espi%CC%81a­Final.pdf); en él, aparte de la descripción pormenorizada de momentos y contextos en los que se habría tratado de “infectar” teléfonos móviles, hay elementos que hacen incontrovertible la posesión del mencionado software por parte del gobierno. En la página 67 del documento se reproduce la respuesta que la Procuraduría General de la República (PGR) dio el 10 de octubre de 2016 a una solicitud de acceso a información pública en la cual se le pidió confirmara la adquisición de “cualquier software desarrollado por la firma NSO Group o alguna de sus filiales y/o subsidiarias”, la cantidad de dinero erogada para adquirirlo, la utilización del mismo, los nombres de los funcionarios involucrados en la firma de los contratos respectivos y la “versión pública” de éstos. Información “reservada” La respuesta fue que la Agencia de Investigación Criminal de la PGR “localizó la información solicitada”, pero está “clasificada como reservada” y “podría permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años”. Es decir, el gobierno sí adquirió software de NSO Group, pero “no puede revelar su uso”. El tema de la adquisición de “software de espionaje” por parte del gobierno no es nuevo, se viene discutiendo desde hace al menos un lustro; en 2015, por ejemplo, se publicó la versión de que 16 gobiernos estatales y algunas agencias gubernamentales habrían gastado en conjunto más de 100 millones de pesos en los últimos cuatro años para adquirir el “software espía” conocido como Da Vinci a la empresa italiana Hacking Team. En esa oportunidad, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aceptó la adquisición del software, pero, dijo, “fue comprado en la administración pasada”.

Minimizar el golpe

Desde el punto de vista de la comunicación, la reciente denuncia contra el gobierno mexicano por el uso ilegal de “software espía” es interesante porque logró “salir de internet” y hacerse visible en todo el ecosistema de medios. Las anteriores denuncias prácticamente permanecieron en la red, fueron retomadas en algunos medios impresos, pero no llegaron con fuerza a la radio y la televisión, medios todavía importantes para dar mayor “visibilidad” a una noticia. En esta ocasión la denuncia llegó a la portada de The New York Times —es decir, ingresó al espacio informativo al que más teme el gobierno mexicano: la difusión internacional— y de ahí pasó a los medios mexicanos. Precisamente por el tamaño del golpe el gobierno trató de minimizarlo: la respuesta inicial no estuvo a cargo de Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, sino de un funcionario de tercer nivel dentro de la jerarquía de la Coordinación de Comunicación Social, el director de Medios Internacionales, quien envió “al editor” de The New York Times una carta donde afirma que en el texto publicado “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje…”.

Percepción social

El martes, en Sinaloa, un funcionario de primer nivel, el secretario Osorio Chong, presionado por periodistas de ese estado, “rechazó” que el gobierno espíe a profesionales de la información o a defensores de derechos humanos. Aparentemente los funcionarios de primera línea solo darán la cara si el problema crece. Quizá el gobierno pueda combatir ese crecimiento; lo que probablemente no podrá hacer es disminuir la percepción social de que el espionaje ilegal aumenta en el país. A ver qué dicen las encuestas que en tal sentido se hagan.

 

Fernando Mejía Barquera

 

 

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