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Exigen destitución de juezas por impunidad en casos de violaciones

Integrantes de organizaciones de la sociedad civil exigieron la destitución inmediata de las jueces 10 y 11 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, que expusieron a un niño a “seguir siendo víctima de abusos sexuales por parte de su padre y omitir las pruebas de instituciones gubernamentales”.

Durante una protesta realizada frente a los tribunales de lo familiar, ubicados en avenida Juárez 8, más de un centenar de mujeres demandaron justicia para niños, niñas y mujeres, y evitar que casos como el de Mireya Agraz Cortés, que fue encontrada vida con sus dos hijas e hijo, vuelva a suceder; y demandaron a la procuraduría capitalina la revisión de su caso.

“Fue la única salida que encontró, ante el riesgo de perder la patria protestad de su hijo, que desde los tres años fue abusado por su padre Leopoldo Olvera Silva, contra quien inició un proceso legal en 2014 para denunciar este abuso sexual y divorciarse, que derivó dos años después en la entrega de la custodia a su ex pareja”, explicó Laura Martínez Rodríguez.

La directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), quien llevó el caso de Mireya, señaló que pese a la denuncia, la jueza décima de lo familiar, Cristina Espinoza Roselló, determinó el divorcio incausado de la pareja y un régimen de visitas y convivencias provisionales en el centro de convivencia del TSJCDMX, donde sólo estaba el padre con sus hijas, pese a la evidencia de violencia sexual.

La jueza onceava, Silvia Araceli García Lara retomó el expediente de las hijas e hijo de Mireya, pero omitió los peritajes del DIF y otorgó al padre la guarda y custodia de los niños después de seis años de denuncias, dos peritajes y dos informes del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” y el de Adivac, que comprueban la violencia sexual.

El tráfico de influencias, porque una de sus tías trabaja en el Tribunal, no solo evitó que el hombre no fuera sancionado penalmente, sino se quedara con la custodia de los niños y Mireya perdiera toda posibilidad de siquiera verlos, al aplicarse la figura jurídica de alienación parental, que fue derogada el pasado 4 de agosto.

Sin embargo, la “injusticia cometida en su contra pudo haber llevado a Mireya a quitarse la vida junto con sus hijos”, como se ha dado a conocer en los medios de comunicación, dijo al señalar que de 10 mil casos que lleva el tribunal, el 85 por ciento son de mujeres y solo en un 35 por ciento se falla a su favor.

La Jornada

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