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El valor de un periodista: 12 mil pesos

 

En 17 años, desde que el entonces subdirector de Pemex, Juan Bueno, denunció por primera vez que estaban robando combustible de los ductos de la empresa, las cosas cambiaron significativamente. No sólo porque de aquellos ingresos criminales de dos mil millones de pesos anuales se fueron en 2016 a 30 mil millones, sino porque el tejido social en decenas de comunidades por donde atraviesan los ductos de Pemex, se transformó radicalmente. El trabajo en el campo, lavando excusados o limpiando pisos fue cediendo ante la construcción de estructuras criminales. En la zona huachicolera, que se extiende por seis municipios en Puebla, los jefes de familia se integraron a las bandas criminales, sus hijos mayores a las legiones de halcones, y los niños y las mujeres, contribuyeron a los ingresos de la casa ofreciéndose como escudo cuando los militares y las policías quisieran intervenir y frenar el negocio.

La forma como un pueblo se mezcló y se convirtió en uno mismo con los grupos criminales, se vio durante dos enfrentamientos este mes en Palmarito, una comunidad que se encuentra en esa región, donde decenas de pobladores se enfrentaron a militares que vigilaban la zona y mataron a cuatro en un primer incidente. Dos días después emboscaron un convoy del Ejército porque quería decomisar varios vehículos donde transportaban combustible robado. Una buena parte del pueblo participó para defender sus intereses económicos, como lo había venido haciendo a lo largo del año ante los intentos de la policía poblana de frenar el robo de combustible, como parte de una acción estatal y federal no anunciada, respuesta al desbordamiento de un problema que estaba a punto de alcanzar una nueva dimensión, como sucedió en mayo con el asesinato de soldados.

En marzo, a las acciones de las fuerzas de seguridad se sumaron dependencias a las que se había mantenido al margen del combate a los criminales que ordeñan los ductos. Por primera vez se desdoblaron los esfuerzos y se comenzó a combatir el delito buscando a los que hacían florecer el negocio del combustible robado. Ese mes el SAT comenzó a revisar los manifiestos de compra y venta de combustibles en todas las gasolineras de la región huachicolera, y se reforzó el envío de fuerzas de seguridad a esos seis municipios que se conocen como el Triángulo Rojo. Nadie se inhibió ni arredró ante la llegada del Ejército. No había razones.

Durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la tolerancia al robo de combustible había detonado el negocio ilegal. En 2013, al arrancar el sexenio, el robo de combustible ascendía a 11.9 millones de barriles anuales, que se fue a 20.5 millones de barriles para mayo de 2016, y subió dos millones de barriles más en septiembre. Para dar una idea de la magnitud del negocio, los criminales vendían a la orilla de las carreteras o en las comunidades huachicoleras, el litro de combustible entre 7 y 9 pesos, que generó el año pasado un ingreso de 143 millones de pesos, lo que significó que cada dos días, con la estimación más conservadora, se extraía combustible de un ducto en esa zona.
El Triángulo Rojo, que hace a Puebla el principal Estado en robo de combustible, fue un campo abierto para los criminales durante dos últimos años: de 560 tomas clandestinas que había en 2015, se fueron a mil 105 al año siguiente. De ese total, en Tepeaca, Palmar del Bravo y Quecholac, a donde pertenece Palmarito, fue donde más incidentes de ordeña de ductos se dieron. Ellos son tres de los seis principales puntos en el país donde se concentra la actividad criminal. Altamira, Irapuato en el ducto Salamanca-Aguascalientes-Zacatecas, y una vez más en Irapuato, en el ducto Salamanca-León, forman al resto del grupo donde se dieron los puntos de mayor ordeña de combustible: 268 ordeñas –el registro más alto del país–, 146 en el ducto hacia Zacatecas, y 136 en el que va a León, respectivamente.

El Gobierno tiene desde hace tiempo el atlas de incidencias en la ordeña de combustible, que se concentra en ocho estados, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, México , Hidalgo, Jalisco y Michoacán, pero no hizo mucho por reforzar la seguridad, ni por impedir que el tejido social se fuera deteriorando. Los pobladores en esa zona se quejaban de su precariedad y la falta de oportunidades, pero no los escucharon. Los criminales encontraron una tierra fértil para sumarlos al negocio. Quienes participaban directamente en la ordeña ganaban 40 mil pesos mensuales, y los jóvenes y niños que servían de halcones, 12 mil. Las bandas criminales que emergieron como las más violentas en la zona huachicolera, Los Negros y Los Marranos, no querían ojos extraños que registraran sus pillerías y le pusieron precio a sus cabezas: por cada periodista muerto les pagarían 12 mil pesos. Los periodistas denunciaron las amenazas, pero sin acciones para defenderlos, dejaron de informar ante la ausencia de condiciones de seguridad.

La muerte de cuatro militares cambió el metabolismo institucional. Cuatro soldados muertos en Palmarito y el enojo del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, lograron lo que un patrón de muertes y la putrefacción social en el Triángulo Rojo no habían conseguido: que ese delito, problema de seguridad nacional, se tomara en serio. Fue una reacción tardía, pero indispensable. El rompimiento del tejido social llevó a comunidades enteras al lado de los criminales, ante el abandono de los gobernantes, aunque no está claro cómo se pueda revertir.

Por Raymundo Riva Palacio 

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