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Abogado cosecha fraudes en Peto

Peto, Yucatán, .Ciudadanos defraudados de esta cabecera municipal al hacer tantos pagos por los servicios solicitados a un conocido profesional, al hacer investigación sobre los avances del trabajo pactado, descubrieron que no había tal, de tal forma recurrieron a las instancias municipales de Peto, para hacer su queja respectiva.

Ante la denuncia ciudadana, motivo que las autoridades locales retuvieran por unas horas al licenciado Jesús Miguel Vázquez Aguilar, curioso el caso ya que en ese breve tiempo en que estuvo recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Yucatán (CNDEY), y dos funcionarios de esta institución asistió en unas cuantas horas para revisar el caso y constató que las autoridades locales, actuaron conforme a derecho.

Aunque Vázquez Aguilar recuperó su libertad tras llegar a un acuerdo con cinco personas que lo acusaron de fraude,  sin embargo aún siguen los problemas dado que hay otras quejas.

Algunos de los afectados, documentó ante las autoridades locales, en cuanto a los cobros que realizó el profesional egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); de inicio, cobró $34,000 mil pesos y luego pidió un par de burros como compensación por el buen trabajo. Todo esto para un trámite de sucesión intestada y al final no hace el trabajo, pero pide otros $20,000 mil pesos supuestamente para pagar al juez, y este caso se sigue ventilando en las instancias locales, ya que Vázquez Aguilar deberá comparecer de nuevo en el Juzgado Calificador el próximo por otra denuncia en contra suya y de su esposa por cobrar anticipos y no cumplir con la escrituración de terrenos.

Por su parte el juez calificador, Alfonso Dávalos Mena, informó que personal del Ministerio Público le notificó que fue denunciado “por un conocido” de Vázquez Aguilar y de esto señaló “la Fiscalía General del Estado incurre en una anomalía al aceptar la denuncia de un tercero, pero lo peor es que “vinieron los agentes ministeriales a revisar el proceso que se sigue, sabiendo que esa denuncia es improcedente, además de que no es su función revisar la legalidad de las actuaciones emitidas dentro de un procedimiento apegado a leyes y reglamentos”

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